junta arbitral de consumo 
 

Junta Arbitral de Consumo

Plaza de San Marcelo s/n. Planta Baja

@ : juntaarbitral@aytoleon.es

Tlfnos: 987 87 83 17 - 987 87 83 18

 

¿QUÉ ES?

El Sistema Arbitral de Consumo es el arbitraje institucional de resolución extrajudicial, de carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, de los conflictos surgidos entre los consumidores o usuarios y las empresas o profesionales respecto a los derechos legal o contractualmente reconocidos al consumidor.

Las características de este Sistema son:

RAPIDEZ, porque se tramita en un corto espacio de tiempo y sin formalidades especiales.

VOLUNTARIEDAD, porque ambas partes se someten libremente al Sistema.

EFICAZ Y EJECUTIVO, porque los laudos -resoluciones arbitrales- son de obligado cumplimiento para ambas partes. Tienen efectos de cosa juzgada.

GRATUIDAD, sin coste para las partes. Sólo en determinados supuestos deben asumir los costes derivados de la práctica de la prueba. 

¿Quiénes son los protagonistas del Sistema Arbitral?

De una parte, los consumidores; esto es, las personas físicas o jurídicas o las entidades sin personalidad jurídica sin ánimo de lucro que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

Y, de otra, los empresarios, es decir, toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe directamente o a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

Una de las características del Sistema Arbitral de Consumo es la unidireccionalidad. Es decir, el procedimiento sólo puede ser puesto en marcha a instancia del consumidor y nunca del empresario, aunque, a lo largo del proceso, el empresario puede formular reconvención formulando a su vez pretensiones contra el consumidor siempre y cuando dichas peticiones se relacionen con la reclamación inicial.

 

OBJETO

El Sistema Arbitral de Consumo tiene como finalidad resolver los conflictos entre consumidores y empresarios derivados de sus relaciones contractuales con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes.

No pueden ser objeto de arbitraje de consumo:

  • Los conflictos sobre los que las partes carezcan de libre disposición conforme a derecho.
  • Los conflictos que versen sobre intoxicación, lesión, muerte o aquéllos en que existan indicios racionales de delito, incluida la responsabilidad por daños y perjuicios directamente derivada de ellos.


CONVENIO ARBITRAL

 

 

 

 

Para que una controversia sea dirimida mediante arbitraje de consumo, resulta preciso que las partes hayan expresado su voluntad de solventar el conflicto mediante este sistema de resolución alternativa de litigios.

En esa medida, resulta indispensable que entre las partes se haya perfeccionado un convenio arbitral.

Las empresas pueden anticipar esa voluntad emitiendo una oferta pública de sometimiento a arbitraje; en cuyo caso, la presentación de la solicitud de arbitraje perfecciona el convenio arbitral. Las empresas adheridas harán uso del correspondiente distintivo:

 

JUNTAS ARBITRALES Y ÓRGANOS ARBITRALES

Las Juntas Arbitrales de Consumo son los órganos administrativos de gestión del arbitraje institucional de consumo y prestan servicios de carácter técnico, administrativo y de secretaría, tanto a las partes como a los árbitros.

Son Juntas Arbitrales de Consumo:

      a) La Junta Arbitral Nacional, adscrita al Instituto Nacional del Consumo.

      b) Las Juntas Arbitrales territoriales constituidas mediante convenio de colaboración entre las Administraciones públicas y el Instituto Nacional del Consumo (hoy, AECONSAN).

Para conocer de las solicitudes individuales de arbitraje, será competente la Junta Arbitral a la que ambas partes, de común acuerdo, sometan la resolución del conflicto. En su defecto, esto es, a falta de acuerdo, será competente la Junta Arbitral territorial en la que tenga su domicilio el consumidor, pero si, conforme a este criterio, existieran varias Juntas Arbitrales territoriales competentes, conocerá del asunto la de inferior ámbito territorial. No obstante, los empresarios, al adherirse al sistema arbitral de consumo, pueden limitar su oferta pública a la Junta Arbitral territorial en la que desarrollan principalmente su actividad y si éstas fueran varias, será finalmente competente aquélla por la que opte el consumidor.

Los Órganos Arbitrales, asistidos por el secretario arbitral, son los competentes para decidir sobre la solución del conflicto.

Pueden ser unipersonales o colegiados.

Conocerá de los asuntos un árbitro único:

      a) Cuando las partes así lo acuerden.

      b) Cuando lo acuerde el presidente de la Junta Arbitral de Consumo siempre que la cuantía de la controversia sea inferior a 300 € y la falta de complejidad del asunto así lo aconseje.

No obstante, las partes puede oponerse a la designación de un árbitro único; en cuyo caso, se procederá a designar un colegio arbitral.

El árbitro único será designado entre los árbitros acreditados propuestos por la Administración, salvo que las partes, de común acuerdo, soliciten, por razones de especialidad, que dicha designación recaiga en otro árbitro acreditado.

En los demás supuestos, conocerá de los asuntos un colegio arbitral integrado por tres árbitros acreditados elegidos cada uno de ellos entre los propuestos por la Administración, las asociaciones de consumidores y usuarios y las organizaciones empresariales o profesionales. Los tres árbitros actuarán de forma colegiada, asumiendo la presidencia el árbitro propuesto por la Administración. Sin embargo, las partes, de común acuerdo, pueden solicitar la designación de un presidente del órgano arbitral colegiado distinto del árbitro propuesto por la Administración pública cuando la especialidad de la reclamación así lo requiera o en el supuesto de que la reclamación se dirija contra una entidad pública vinculada a la Administración a la que esté adscrita la Junta Arbitral de Consumo.
 

¿CÓMO SE TRAMITA EL PROCESO ARBITRAL?

Admisión a trámite, inicio del procedimiento y designación de los árbitros

Se inicia con la formalización de una Solicitud de Arbitraje. Una vez recibida la solicitud se admitirá o se inadmitirá por el presidente de la Junta Arbitral de Consumo en el supuesto de que el conflicto planteado no pueda ser objeto de arbitraje de consumo o en el caso de que se trate de una solicitud infundada o en la que no se aprecie afectación de los derechos y legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios. Como regla, la resolución de inadmisión pone fin a la vía administrativa.

En el supuesto de admisión y apreciada la competencia territorial para resolver la controversia, el presidente de la Junta Arbitral examinará si el empresario reclamado está o no adherido al sistema arbitral de consumo.

Si lo estuviera, el presidente de la Junta Arbitral resolverá acordando el inicio del procedimiento e invitará a las partes a las partes a alcanzar un acuerdo a través de una mediación en los casos en que ésta proceda. Asimismo, dará traslado de la solicitud de arbitraje al empresario para que en el plazo de quince días formule las alegaciones que estime oportunas para hacer valer su derecho y, en su caso, presente los documentos que estime pertinentes o proponga las pruebas de que intente valerse.

Si no estuviera adherido al Sistema Arbitral, se le trasladará la solicitud proponiéndole que acepte el arbitraje, disponiendo de un plazo de 15 días para aceptarla o rechazarla. En el caso de que esta invitación u oferta fuera rechazada por el empresario o en el supuesto de que no se pronunciara en ese plazo, se archivará la solicitud sin más trámites, dado el carácter voluntario del arbitraje.

Admitida la solicitud de arbitraje y verificada la existencia de convenio arbitral, el presidente de la Junta Arbitral designará al árbitro o árbitros que conocerán el conflicto.

Principios del procedimiento arbitral de consumo

El procedimiento arbitral debe ajustarse a los principios de audiencia, contradicción, igualdad entre las partes y gratuidad.

En esa medida, de todas las alegaciones escritas, documentos y demás instrumentos que una de las partes aporte a los árbitros se dará traslado a la otra parte. Asimismo, deben ponerse a disposición de las partes los documentos, dictámenes periciales y otros instrumentos probatorios en los que el órgano arbitral pueda fundar su decisión.

Reconvención y modificación de las pretensiones de las partes

En cualquier momento anterior a la finalización del trámite de audiencia, las partes pueden modificar o ampliar sus pretensiones sin que ello comporte alteración de la competencia del órgano arbitral que se hubiera ya designado.

Asimismo, el empresario puede formular reconvención pretendiendo algún pronunciamiento de condena del consumidor por parte del órgano arbitral. En ese caso, el órgano arbitral debe decidir si la admite o no a trámite. Si la admite, debe concederse al reclamante-consumidor un plazo de quince días para formular alegaciones y proponer prueba.

Audiencia

Las partes deben ser citadas a una audiencia en la que podrán formular las alegaciones y presentar las pruebas que estimen pertinentes ante el órgano arbitral.

Esta audiencia puede realizarse de forma escrita o a través de cualquier otro medio (por ejemplo, mediante videoconferencia) que permita la identificación de las partes.

La no contestación, inactividad o incomparecencia injustificada de las partes en cualquier momento del procedimiento arbitral, incluida la audiencia, no impide que se dicte el laudo, ni le priva de eficacia, siempre que el órgano arbitral pueda decidir la controversia con los hechos y documentos que consten en la demanda y contestación, si ésta se ha producido.


Prueba

Resultan admisibles, como medios de prueba, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permitan archivar, conocer o reproducir palabras, datos, cifras y otras operaciones relevantes para el procedimiento.

El órgano arbitral debe decidir sobre la aceptación o rechazo de la práctica de las pruebas propuestas por las partes. Pero también puede acordar, de oficio, la práctica de pruebas complementarias si considera que éstas resultan imprescindibles para la solución de la controversia.

Los gastos ocasionados por las pruebas practicas a instancia de parte serán sufragados por quien las haya propuesto y las comunes o coincidentes por mitad. Las pruebas acordadas de oficio por el órgano arbitral serán costeadas por la Junta Arbitral.

 

EL LAUDO

¿Cómo finaliza el procedimiento arbitral? 

El procedimiento finaliza con una decisión del órgano arbitral denominada laudo.

En el laudo, el órgano arbitral pone fin a las actuaciones arbitrales dirimiendo la controversia o recogiendo el acuerdo a que hubieran llegado las partes. No obstante, no podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto:

      a) Cuando el reclamante no concrete la pretensión o no aporte los elementos indispensables para el conocimiento del conflicto.

      b) Cuando las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones, o

      c) Cuando el órgano arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resulta imposible.

Cuando el órgano arbitral dirima una controversia, decidirá en equidad, salvo que las partes hubiesen optado expresamente porque el conflicto se resuelva en derecho. Pero, en cualquier caso, la decisión debe ser motivada.

Efectos del laudo

Dentro de los 10 días siguientes a la notificación del laudo, las partes podrán solicitar corrección de cualquier error de cálculo, de copia, aclaración de un punto o el complemento del laudo respecto de peticiones formuladas y no resueltas en él.

El laudo produce efectos de cosa juzgada y es inmediatamente ejecutivo. Su virtualidad es semejante a una sentencia. Frente a él sólo cabe ejercitar la acción de anulación por los tasados motivos del art. 41 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y, en su caso, solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes.

Para conocer de la acción de anulación es competente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
 

Documentos

 Normativa (205 Kb)
 Árbitros (236 Kb)
 Laudos de la Junta Arbitral de Consumo Municipal de León (7.883 Kb)
 Oferta pública de sometimiento a arbitraje.  (16 Kb)
 Censo de Empresas adheridas.  (283 Kb)

 
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